Reconstrucción de la CDMX podría concluir en seis meses
Ante la inexistencia de bases de datos y acervos documentales que otorguen certeza a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre sobre el futuro de sus inmuebles, así como el grave rezago tecnológico en las acciones del gobierno, entre otros, la atención preliminar a las tareas de reconstrucción se llevará cuando menos en seis meses más, lo que significa que podrían terminar en junio del 2018, indicó la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Dunia Ludlow Deloya.
En el marco de la presentación del documento “Balance a Tres Meses del 19S”, dijo que se solicitará el otorgamiento de recursos adicionales para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por un monto de 60 millones de pesos para mejorar el sistema de información geográfica y con los cuales comenzaría su proceso de digitalización lo más pronto posible.
“Si tuviéramos una plataforma confiable, bien hecha y demás, el seguimiento que podríamos dar todos acerca de la reconstrucción generaría más certeza no sólo a las personas afectadas, sino a los vecinos y a las personas que vivimos en la Ciudad de México”, expuso.
El balance realizado por la Comisión de Vivienda rescata los avances y pendientes después del sismo, con corte al 13 de diciembre del 2017, cuyo resultado arroja que a pesar de la aprobación de la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente, aún hay decenas de miles de damnificados viviendo en albergues o en campamentos esperando apoyo y certidumbre.
De acuerdo con el documento, sólo se han integrado 35 de los 102 expedientes de demolición que se requieren, y no existe certeza sobre la disponibilidad del financiamiento para llevarlas a cabo. las personas y familias afectadas se resisten a participar debido a la incertidumbre, pues las autoridades no han explicado a la población los pasos a seguir.
Entre otros factores que explican la tardanza de la reconstrucción se citan la falta de coordinación entre autoridades, la irregularidad sobre el arraigo de las propiedades y el rezago tecnológico, el cual impide realizar un censo y un diagnóstico adecuados.
ÍNDICE DE HERRAMIENTAS
Un estudio reciente, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad sobre el uso de herramientas electrónicas, muestra que las delegaciones de la CDMX se encuentran por debajo del índice promedio alcanzado por 45 municipios, cita el documento.
Para elaborar el Índice de Herramientas Electrónicas de Gobiernos Locales, el Imco revisó los portales electrónicos de 45 municipios y nueve delegaciones de la capital (Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Gustavo A. Madero), a fin de evaluar la información y las herramientas electrónicas existentes y con ello elaborar indicadores, en cuatro rubros: Información, Interacción, Transacción y Experiencia del usuario. Dichos municipios y delegaciones fueron seleccionados porque concentran 49% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, 39% de la población y 65% de la inversión extranjera directa.
Ludlow Deloya señaló que la Comisión de Vivienda propuso la creación de un sistema de desarrollo urbano y digitalización para facilitar la planeación y participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la ciudad, además de transparentar los procesos de construcción y con ello evitar la corrupción.
La plataforma digital que se encuentra en discusión en la ALDF fue denominada Sistema de Información Integral, Monitoreo, Diagnóstico y Evaluación del Desarrollo Urbano.
“La corrupción le cuesta a México cerca de 10% del PIB nacional, convirtiéndola en una carga real para la economía nacional. Por parte de funcionarios del gobierno, se exige una ‘mordida’ para ‘agilizar’ trámites que llegan a alcanzar entre 3 y 5% del precio de cada vivienda construida. (…) Actualmente sólo se producen 18,000 en la CDMX, a pesar de que la demanda es de casi 50,000 viviendas anuales”, indica el balance.
La presidenta de la Comisión de Vivienda aseveró que al poner en una sola plataforma todos los expedientes emitidos por las distintas autoridades se estará cerrando la puerta a los funcionarios que recurren a actos de corrupción.
“Las demoliciones tienen un costo. me gustaría saber cuál es ese costo, para que los recursos para el apoyo a las personas afectadas no se vayan en un gran porcentaje a demoliciones, cuando hay edificios en donde los propietarios pueden hacerse cargo de ello”, concluyó.
Fuente: El Economista
