La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al presidente de México,Andrés Manuel López Obrador, hacer uso de su facultad constitucional y vetar la recientemente aprobada Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y es que el organismo consideró que la legislación violenta el derecho a la propiedad privada.
De acuerdo con el organismo empresarial, la legislación también va en contra de la presunción de inocencia y vulnera el debido proceso; además que genera incertidumbre al abrir la puerta para que por faltas administrativas se aplique la figure.
“Al establecerse en la Ley Nacional de Extinción de Dominio la desposesión e incluso la venta anticipada de bienes de propiedad de personas presuntamente involucradas en actos ilícitos, aunado a la ampliación exponencial de las conductas que podrían justificar tal medida sin que exista una sentencia condenatoria, se genera un grave riesgo de vulnerar el debido proceso”.
En tal sentido, la Coparmex criticó el hecho que en la legislación aumentara el número de tipos penalesen los que se puede aplicar la extinción de dominio. Por ello, llamó a acotar los tipos penales a sólo el crimen organizado y el narcotráfico.
“Con la legislación aprobada por las Cámaras, el número de nuevos tipos penales que podrían detonar la extinción de dominio aumentaría de 5 hasta llegar a 245.De esta manera, se crea el riesgo de situaciones donde el gobierno pueda quitarle la propiedad a ciudadanos de buena fe, en casos tan simples, como cuando se presenten faltas administrativas relacionadas con la violación o remoción de sellos de clausura en establecimientos mercantiles, que podrán ser tipificados y aplicables a esta figura, aun cuando dicha falta haya sido cometida por terceros y no por el dueño de un bien inmueble objeto de algún proceso penal”, indicó.
Aunado a lo anterior, Coparmex consideró como un exceso que la ley permita que el gobierno pueda aplicar la extinción de dominio sin la mediación de un juez.
“La extinción de dominio está diseñada para combatir el poderío económico de la delincuencia organizada, no para crear incertidumbre a los ciudadanos expuestos a una conducta errónea, excesiva o represiva del Estado.
“Por ello, consideramos excesivo que se faculte al Gobierno a expoliar bienes sin que medie la sentencia de un Juez que determine la realización de conductas que puedan ameritar una acción de esa envergadura jurídica”, apuntó.
