Pandemia se debe abordar con una perspectiva de derecho a la vivienda
Las afectaciones económicas por la pandemia pueden causar que muchas personas no puedan pagar a tiempo sus alquileres, servicios básicos e impuestos
La presente contingencia por la pandemia del Covid-19 afectará significativamente a distintos sectores de la población; pero sobre todo a los trabajadores informales, a las personas que sufrirán despidos y a quienes verán reducido su salario.
Asimismo, se verán severamente afectadas las personas que viven en espacios inadecuados o en asentamientos en condiciones precarias o no reconocidos; con servicios carentes o en la calle.
Por ello, es fundamental que las autoridades aborden la pandemia desde una perspectiva de derecho a la vivienda adecuada; ya que puede ser un factor de gran importancia para impedir daños irreparables a la salud y a la vida de las personas.
En este sentido, la Coalición Internacional para el Hábitat enumera los cuatro objetivos prioritarios para garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas:
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Suspender desalojos en todo el país
En un contexto donde la pandemia obliga a las personas a resguardarse en sus casas para evitar contagios, los desalojos implican un gran riesgo sanitario que pudiera agravar el escenario.
La contingencia implica una disminución en los ingresos de miles de personas, y, por lo tanto, su capacidad para realizar pagos a tiempo; por lo que los Poderes Judiciales deben suspender todas las diligencias de desalojo con el fin de evitar aumentar el número de personas en las calles.
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Decretar suspensión en el pago de las rentas, de los suministros básicos, y de los préstamos o créditos hipotecarios para los hogares que pierdan o reduzcan significativamente sus ingresos.
Las afectaciones económicas por la pandemia pueden causar que muchas personas no puedan pagar los alquileres de sus viviendas o negocios; así como realizar el pago de préstamos y créditos hipotecarios. En este sentido, se debe suspender o reducir el pago de los alquileres hasta superar la crisis sanitaria.
También, debe declararse la moratoria al pago de préstamos o créditos hipotecarios, y paralizar el cobro de deudas e intereses durante la contingencia a personas, familias y negocios pequeños.
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Otorgar alternativas de vivienda para quien no tenga dónde resguardarse; así como ofrecer alternativas a los servicios carentes y alimentos a los grupos en mayor riesgo
Las personas que viven en la calle, o que fueron recientemente desalojadas, no tendrán donde resguardarse durante la contingencia; lo mismo para la población migrante que permanece en refugios y la que habita en las cárceles, lugares donde no siempre se garantizan las medidas básicas de higiene y la posibilidad de distanciamiento social.
Frente a ello, las autoridades deben otorgar alternativas de vivienda o refugios temporales suficientes; a fin de garantizar a todos esos sectores mencionados espacios en los que puedan pasar la contingencia en condiciones dignas, salubres, con acceso al agua potable y con todos los cuidados necesarios para que no se vuelvan centros de contagio.
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Suspender cortes de servicios de agua y saneamiento; así como establecer medidas urgentes de salubridad e higiene en asentamientos del país en condiciones precarias o no reconocidos
La limpieza e higiene corporal es una de las principales medidas para evitar la propagación del Covid-19; sin embargo, en los asentamientos en condiciones precarias del país decenas de miles de personas carecen de acceso al agua.
Por esta razón, se debe garantizar que estos sectores de la población no se vean inmersos en focos de contagio por la imposibilidad de acceder a los servicios más básicos. Asimismo, es vital que los organismos operadores de servicios de agua y saneamiento suspendan sin excepción los cortes de servicios domiciliarios y de centros que ofrecen servicios básicos; como clínicas, asilos, refugios, comedores y baños públicos.
Distintas organizaciones, redes, académicos y activistas firmaron una carta dirigida al Gobierno Federal, Gobiernos estatales y municipales, instituciones bancarias y al sector privado; a fin de exigir que se adopten a la brevedad las medidas pertinentes para cumplir con los objetivos prioritarios mencionados.
¿Qué hará el Instituto de Planeación?
El Instituto de Planeación se definió en la ley como un organismo público descentralizado, mas no independiente del gobierno local. Su tarea será conducir la planeación de la ciudad, así como crear y dar seguimiento a los instrumentos de planeación.
Aún carece de la ley orgánica que defina sus funciones y alrededor de 35 cargos; sin embargo, cuando entre en vigor la Ley de Planeación, comenzará a correr un plazo de 60 días para que quede integrada la institución.
El instituto estará conformado por:
- Junta de Gobierno.
- Dirección General.
- Directorio Técnico.
- Consejo Ciudadano.
- Oficina de consulta pública y participación social.
La Junta de Gobierno será el órgano rector del instituto y estará presidida por la jefa de gobierno. Además, estará integrada por los titulares de las secretarías de Finanzas, Gobierno, Medio Ambiente, Gestión Integral de Riesgos y Desarrollo Urbano, así como por tres integrantes del cabildo capitalino y siete consejeros ciudadanos, quienes serán elegidos por el Comité Técnico de Selección, formado por invitación de la mandataria local.
El instituto será el encargado de elaborar el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, es decir, los instrumentos que definirán bajo qué criterios deberá desarrollarse la CDMX en el largo plazo.
¿Quién dirigirá el instituto?
Sheinbaum tendrá la posibilidad de influir directamente en la selección de quien estará a cargo de la Dirección General.
Esta persona será elegida de una terna propuesta por el Comité de Selección, que a su vez estará formado a partir de la convocatoria que lance la propia jefa de gobierno. El elegido deberá ser ratificado por el voto de tres cuartas partes de los diputados del Congreso capitalino y durará en el cargo cinco años, con la posibilidad de ser reelegido por tres años más.
Entre los candados para los aspirantes a dirigir instituto está el no haber sido candidato o haber ocupado un cargo de elección popular; también, no haber sido presidente nacional o estatal de un partido político en los últimos cuatro años.
¿Cómo se plantea el desarrollo a 20 años?
Para establecer esta visión, se plantea crear el Plan General de Desarrollo Urbano y el Programa General de Ordenamiento Territorial.
Plan General de Desarrollo. Definirá para el largo plazo las políticas de la ciudad en la materia y a él deberán sujetarse todos los programas y proyectos públicos, además de la programación y ejecución del presupuesto. Tendrá una vigencia de 20 años.
Deberá ser elaborado por el instituto, que lo mandará a la Jefatura de Gobierno. Será esta la que defina cómo participarán los ciudadanos para dar su opinión a partir de foros y propuestas.
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El plan deberá incluir criterios de ordenamiento territorial, bienestar social, economía distributiva, patrimonio de la ciudad, coordinación metropolitana, ciudad global, hacienda pública, derechos humanos y seguridad ciudadana.
Cuando se terminen de incorporar las propuestas ciudadanas, el plan será devuelto al instituto y después irá de regreso al gobierno, para finalmente ser sometido a votación del Congreso. Sheinbaum y los alcaldes capitalinos —con los instrumentos de planeación de sus respectivas demarcaciones— contarán con la ventaja de la afirmativa ficta, pues si en un plazo de seis meses no se discuten los documentos, estos se tendrán por aprobados.
Programa General de Ordenamiento Territorial. A través de él se regulará la ocupación y el uso del suelo de la ciudad. Contendrá las normas generales y los instrumentos del aprovechamiento del territorio. Establecerá los principios para el desarrollo sustentable en el suelo de conservación, así como el uso equitativo y eficiente del suelo urbano con una vigencia de 15 años.
¿Y habrá otros instrumentos de desarrollo?
Se suma a los nuevos instrumentos de planeación el Programa de Gobierno de la CDMX, que será elaborado cada seis años por quien ocupe la Jefatura de Gobierno. Deberá sujetarse al Plan General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial.
Definirá los objetivos del gobierno central, y podrá revisarse y modificarse de ser necesario cada tres años.
También está el Programa de Ordenamiento Territorial de cada alcaldía, que tendrá la definición de los usos de suelo para delinear qué y cuánto se puede construir en cada demarcación. Esto último pasará de tener que ser aprobado por el Congreso a estar bajo control de los alcaldes.
El resto de los instrumentos de planeación son:
- Programas sectoriales, especiales e institucionales.
- Programas de gobierno de las alcaldías.
- Programas parciales de colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
¿Y qué fechas importantes vienen?
Con la ley ya aprobada, ahora las fechas a las que hay que prestar atención son:
- 1 de octubre de 2020: para ese día debe estar el Plan General de Desarrollo.
- 1 de enero de 2021: para esa fecha deben estar el Programa de Gobierno central y los programas de Gobierno de las alcaldías.
- 1 de octubre de 2021: para ese entonces deben estar el Programa General y los programas de Ordenamiento Territorial de las alcaldías.
