Cómo afecta la pandemia de Covid-19 a las ciudades
De acuerdo con el WRI México, la respuesta que adopten los gobiernos para hacer frente al Covid-19, debe enfocarse en la creación de ciudades igualitarias y resilientes
Gobiernos de todo el mundo han dado órdenes de confinamiento en casa y establecido pautas de distanciamiento social como medidas para frenar la línea de contagios de Covid-19. Sin embargo, para millones de personas que viven en situación de pobreza en las ciudades, estas medidas son imposibles de llevar a cabo.
Si bien hay ciudadanos que cuentan con un espacio de vivienda adecuado, acceso a servicios básicos, una fuente de ingresos y redes de seguridad social para sobrevivir durante la contingencia, esta no es la realidad para muchas ciudades de Asia, África y América Latina, entre ellas México.
Este martes 21 de abril fue decretada la Fase 3 de la pandemia de Covid-19 en el país, y ya ha traído afectaciones para muchos sectores de la industria, y, por consiguiente, afectaciones económicas para miles de familias.
Por ello, de acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI México), resulta imperativo entender que, la respuesta que adopten los gobiernos para hacer frente al virus Covid-19, debe enfocarse en la creación de ciudades más igualitarias y resilientes a futuras enfermedades y otros desastres.
Ante este panorama, el organismo realizó el informe ‘Hacia una ciudad más igualitaria’; en el que se detallan algunas formas en las que la pandemia afecta a las ciudades; y cuáles son algunas de las soluciones para mitigar ese impacto y, a la vez, construir urbes más fuertes y resilientes.
Falta de acceso a servicios básicos
El confinamiento y el distanciamiento social son medidas críticas para hacer frente a la pandemia; sin embargo, son imposibles de seguir sin el acceso a servicios esenciales como agua, vivienda y salud.
“Reconocer que existe una profunda desigualdad social en las ciudades y garantizar el acceso universal a los servicios básicos es clave para aplanar la curva de contagio y del coronavirus y para construir resiliencia”, señala el WRI; y propone las siguientes soluciones:
- Los proveedores de atención a la salud deben redoblar esfuerzos para proporcionar acceso a los servicios de emergencia en las zonas más desatendidas de las ciudades; así como para ayudar a los que necesiten ponerse en cuarentena.
- Los gobiernos municipales deben trabajar estrechamente con los líderes comunitarios y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajan en los asentamientos informales y otras comunidades de riesgo; tanto para comprender mejor lo que está sucediendo sobre el terreno como para comunicar mensajes sanitarios clave.
Acceso a viviendas asequibles y espacios públicos
Actualmente, más de mil millones de personas viven en barrios marginales y asentamientos informales en todo el mundo. Además, en las ciudades en desarrollo, entre el 50 y el 80% del empleo es informal; por lo que muchas familias viven al día y no tienen cuentas bancarias, contratos laborales o algún tipo de seguro.
En resumen, en el mundo hay miles de millones de personas que carecen de los recursos para obedecer las órdenes de confinamiento y sobrevivir.
Por esta razón, es esencial que los gobiernos adopten medidas para que las personas tengan acceso a viviendas asequibles y a espacios públicos; y que garanticen un crecimiento urbano planificado que mejore las condiciones de vida de los residentes de asentamientos informales.
Acceso a agua potable, saneamiento e higiene
Invertir en servicios de saneamiento y en garantizar el acceso universal al agua potable es esencial para la salud pública. Por ello, el WRI propone a los gobiernos priorizar tres estrategias; las cuales ayudarán a que las comunidades estén listas para afrontar futuras crisis hídricas y de salud:
- Invertir en el acceso al agua potable y en saneamiento; para hacer el agua más asequible y garantizar el suministro para todos.
- Gestionar los recursos hídricos; para que todos dispongan de acceso a agua potable.
- Impulsar la inversión en infraestructuras naturales; como cuencas hidrográficas boscosas y llanuras aluviales, que son suministros abundantes de agua potable.
Paralización del transporte
En estos momentos, donde la gente evita las multitudes para evitar contagios de Covid-19 y el movimiento está restringido, la demanda del transporte público ha disminuido drásticamente; y lo mismo sucede con los viajes, tanto locales como internacionales.
Hasta el momento, se estima una reducción del 60% en la demanda; lo que se traduce en menores ingresos para el sector y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio.
Por ello, el WRI México propone la adopción de las siguientes medidas:
- Adoptar una visión de Estado; una intervención conjunta con el liderazgo del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales.
- Priorizar el diseño y la implementación de medidas que brinden seguridad laboral a las personas trabajadoras del sector.
- Asignar fondos de emergencia entregados a través de mecanismos transparentes y eficientes; que aporten a la sostenibilidad financiera y operativa de largo plazo.
- Diseñar esquemas de apoyo federal que contribuyan a la reactivación financiera, económica y social del transporte público.
- Priorizar la aplicación de recursos en sistemas que cuenten con mecanismos de ejecución transparentes y eficientes.
- Prever la recuperación del sector, tomando en cuenta no sólo la compensación de las pérdidas sino la inversión que reactive su transformación y mejora.
- Establecer esquemas legales e institucionales futuros que prevean la ocurrencia de contingencias y otras emergencias.
¿Qué hará el Instituto de Planeación?
El Instituto de Planeación se definió en la ley como un organismo público descentralizado, mas no independiente del gobierno local. Su tarea será conducir la planeación de la ciudad, así como crear y dar seguimiento a los instrumentos de planeación.
Aún carece de la ley orgánica que defina sus funciones y alrededor de 35 cargos; sin embargo, cuando entre en vigor la Ley de Planeación, comenzará a correr un plazo de 60 días para que quede integrada la institución.
El instituto estará conformado por:
- Junta de Gobierno.
- Dirección General.
- Directorio Técnico.
- Consejo Ciudadano.
- Oficina de consulta pública y participación social.
La Junta de Gobierno será el órgano rector del instituto y estará presidida por la jefa de gobierno. Además, estará integrada por los titulares de las secretarías de Finanzas, Gobierno, Medio Ambiente, Gestión Integral de Riesgos y Desarrollo Urbano, así como por tres integrantes del cabildo capitalino y siete consejeros ciudadanos, quienes serán elegidos por el Comité Técnico de Selección, formado por invitación de la mandataria local.
El instituto será el encargado de elaborar el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, es decir, los instrumentos que definirán bajo qué criterios deberá desarrollarse la CDMX en el largo plazo.
¿Quién dirigirá el instituto?
Sheinbaum tendrá la posibilidad de influir directamente en la selección de quien estará a cargo de la Dirección General.
Esta persona será elegida de una terna propuesta por el Comité de Selección, que a su vez estará formado a partir de la convocatoria que lance la propia jefa de gobierno. El elegido deberá ser ratificado por el voto de tres cuartas partes de los diputados del Congreso capitalino y durará en el cargo cinco años, con la posibilidad de ser reelegido por tres años más.
Entre los candados para los aspirantes a dirigir instituto está el no haber sido candidato o haber ocupado un cargo de elección popular; también, no haber sido presidente nacional o estatal de un partido político en los últimos cuatro años.
¿Cómo se plantea el desarrollo a 20 años?
Para establecer esta visión, se plantea crear el Plan General de Desarrollo Urbano y el Programa General de Ordenamiento Territorial.
Plan General de Desarrollo. Definirá para el largo plazo las políticas de la ciudad en la materia y a él deberán sujetarse todos los programas y proyectos públicos, además de la programación y ejecución del presupuesto. Tendrá una vigencia de 20 años.
Deberá ser elaborado por el instituto, que lo mandará a la Jefatura de Gobierno. Será esta la que defina cómo participarán los ciudadanos para dar su opinión a partir de foros y propuestas.
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El plan deberá incluir criterios de ordenamiento territorial, bienestar social, economía distributiva, patrimonio de la ciudad, coordinación metropolitana, ciudad global, hacienda pública, derechos humanos y seguridad ciudadana.
Cuando se terminen de incorporar las propuestas ciudadanas, el plan será devuelto al instituto y después irá de regreso al gobierno, para finalmente ser sometido a votación del Congreso. Sheinbaum y los alcaldes capitalinos —con los instrumentos de planeación de sus respectivas demarcaciones— contarán con la ventaja de la afirmativa ficta, pues si en un plazo de seis meses no se discuten los documentos, estos se tendrán por aprobados.
Programa General de Ordenamiento Territorial. A través de él se regulará la ocupación y el uso del suelo de la ciudad. Contendrá las normas generales y los instrumentos del aprovechamiento del territorio. Establecerá los principios para el desarrollo sustentable en el suelo de conservación, así como el uso equitativo y eficiente del suelo urbano con una vigencia de 15 años.
¿Y habrá otros instrumentos de desarrollo?
Se suma a los nuevos instrumentos de planeación el Programa de Gobierno de la CDMX, que será elaborado cada seis años por quien ocupe la Jefatura de Gobierno. Deberá sujetarse al Plan General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial.
Definirá los objetivos del gobierno central, y podrá revisarse y modificarse de ser necesario cada tres años.
También está el Programa de Ordenamiento Territorial de cada alcaldía, que tendrá la definición de los usos de suelo para delinear qué y cuánto se puede construir en cada demarcación. Esto último pasará de tener que ser aprobado por el Congreso a estar bajo control de los alcaldes.
El resto de los instrumentos de planeación son:
- Programas sectoriales, especiales e institucionales.
- Programas de gobierno de las alcaldías.
- Programas parciales de colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
¿Y qué fechas importantes vienen?
Con la ley ya aprobada, ahora las fechas a las que hay que prestar atención son:
- 1 de octubre de 2020: para ese día debe estar el Plan General de Desarrollo.
- 1 de enero de 2021: para esa fecha deben estar el Programa de Gobierno central y los programas de Gobierno de las alcaldías.
- 1 de octubre de 2021: para ese entonces deben estar el Programa General y los programas de Ordenamiento Territorial de las alcaldías.
