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Regeneración de vivienda devolvería 11 mmdp en plusvalías

Al aplicar un plan de recuperación de vivienda abandonada, miles de familias estarían en posibilidad de percibir un efecto positivo en cuanto al valor patrimonial de sus viviendas, estimado en promedio al año, en 11 mil 387 millones 700 mil pesos en su conjunto, calcularon expertos de la Alianza para la Regeneración Urbana (ARU).

Además, hasta un millón 710 mil familias serian beneficiadas a través de la implementación de estos programas de regeneración urbana, los cuales deben contemplar acciones físicas, sociales, económicas y ambientales de largo plazo con la participación vecinal en fraccionamientos con problemas de abandono en México.

“Si el Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) plantea recuperar 171 mil viviendas abandonadas en los próximos 5 años, una metodología de Regeneración Urbana con Participación Social permitiría beneficios para más de 1 millón y medio de familias. Y esto sólo al recuperar 26.3% de la vivienda en esta condición en el país, ya que todas las viviendas abandonadas no son del Infonavit. ”, destacó la directora general de la ARU, Louise David.

Como se recordará, una delegación de la ARU participó recientemente en el Foro Empresarial de Vivienda que realizó el Infonavit en Mérida.

Regeneración del tejido social 

De acuerdo con el Infonavit, en el país existen alrededor de 650 mil viviendas en condición de abandono, con distintos grados de deterioro y en diferentes situaciones jurídicas, de las que al menos 400 mil cuentan con limitantes jurídicas que impiden su regeneración.

La especialista aseguró que atender el problema del abandono de la vivienda es prioritario para regresar a millones de familias el valor de su patrimonio, mismo que se deteriora aproximadamente de 6 a 9% cada año en su valor de mercado, como consecuencia.

“Según el Índice de Precios de la Vivienda en México, elaborado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el precio medio de la vivienda social y económica fue de 445 mil pesos, por lo que propietarios de este tipo de vivienda que habitan en fraccionamientos con problemas de abandono perderían alrededor de 30,000 pesos anuales.”, dijo la directora general de la ARU.

En cuanto a la labor que han desplegado los especialistas de la ARU en Francia, destacó que las acciones se centraron en tres vertientes:

Tres vertientes a contemplar 

  1. Definir el polígono a intervenir y realizar el diagnóstico de este territorio. Los polígonos de regeneración urbana deben incluir tanto a territorios que necesitan mejoramiento como a terrenos que puedan interesar a inversionistas inmobiliarios para que éstos participen en el financiamiento de la regeneración urbana.
  2. Capacitar, acompañar y monitorear a los operadores locales del programa de regeneración urbana. Los operadores deben ser 1) las empresas inmobiliarias que deben invertir 2% del valor de sus ventas en gestionar las mejoras con vecinos y autoridades públicas, y en realizar obras de las cuales los vecinos se sientan responsables; y 2) organizaciones de la sociedad civil que faciliten los diálogos multiactor y los procesos participativos en calle, con los habitantes para fomentar la participación.
  3. Desarrollar un eje de comunicación estratégico para que, poco a poco, todos los actores de la ciudad entiendan el reto, su responsabilidad y la aportación que pueden hacer para mejorar los barrios deteriorados.

Por su parte, el director y fundador de Comunidades Que Renacen (CQR), Antonio Díaz, explicó la labor que en ese sentido realizan en viviendas abandonadas al norte de México:

“La experiencia de Provive en Cañadas del Florido es que, cuando empezamos a regenerar las casas y se vendieron, se logró un valor de 240 mil pesos, cuando éstas se habían comprado en 350 mil pesos. Hoy, esas casas tienen un precio de 490 mil pesos, que es plusvalía recuperada en beneficio de sus nuevos propietarios y de sus vecinos”.

El director de CQR destacó que a través de programas de regeneración urbana con participación social, en polígonos de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez han logrado recuperar plusvalías calculadas en 4 mil millones de pesos.

¿Qué hará el Instituto de Planeación?

El Instituto de Planeación se definió en la ley como un organismo público descentralizado, mas no independiente del gobierno local. Su tarea será conducir la planeación de la ciudad, así como crear y dar seguimiento a los instrumentos de planeación.

Aún carece de la ley orgánica que defina sus funciones y alrededor de 35 cargos; sin embargo, cuando entre en vigor la Ley de Planeación, comenzará a correr un plazo de 60 días para que quede integrada la institución.

El instituto estará conformado por:

  • Junta de Gobierno.
  • Dirección General.
  • Directorio Técnico.
  • Consejo Ciudadano.
  • Oficina de consulta pública y participación social.

La Junta de Gobierno será el órgano rector del instituto y estará presidida por la jefa de gobierno. Además, estará integrada por los titulares de las secretarías de Finanzas, Gobierno, Medio Ambiente, Gestión Integral de Riesgos y Desarrollo Urbano, así como por tres integrantes del cabildo capitalino y siete consejeros ciudadanos, quienes serán elegidos por el Comité Técnico de Selección, formado por invitación de la mandataria local.

El instituto será el encargado de elaborar el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, es decir, los instrumentos que definirán bajo qué criterios deberá desarrollarse la CDMX en el largo plazo.

¿Quién dirigirá el instituto?

Sheinbaum tendrá la posibilidad de influir directamente en la selección de quien estará a cargo de la Dirección General.

Esta persona será elegida de una terna propuesta por el Comité de Selección, que a su vez estará formado a partir de la convocatoria que lance la propia jefa de gobierno. El elegido deberá ser ratificado por el voto de tres cuartas partes de los diputados del Congreso capitalino y durará en el cargo cinco años, con la posibilidad de ser reelegido por tres años más.

Entre los candados para los aspirantes a dirigir instituto está el no haber sido candidato o haber ocupado un cargo de elección popular; también, no haber sido presidente nacional o estatal de un partido político en los últimos cuatro años.

¿Cómo se plantea el desarrollo a 20 años?

Para establecer esta visión, se plantea crear el Plan General de Desarrollo Urbano y el Programa General de Ordenamiento Territorial.

Plan General de Desarrollo. Definirá para el largo plazo las políticas de la ciudad en la materia y a él deberán sujetarse todos los programas y proyectos públicos, además de la programación y ejecución del presupuesto. Tendrá una vigencia de 20 años.

Deberá ser elaborado por el instituto, que lo mandará a la Jefatura de Gobierno. Será esta la que defina cómo participarán los ciudadanos para dar su opinión a partir de foros y propuestas.

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El plan deberá incluir criterios de ordenamiento territorial, bienestar social, economía distributiva, patrimonio de la ciudad, coordinación metropolitana, ciudad global, hacienda pública, derechos humanos y seguridad ciudadana.

Cuando se terminen de incorporar las propuestas ciudadanas, el plan será devuelto al instituto y después irá de regreso al gobierno, para finalmente ser sometido a votación del Congreso. Sheinbaum y los alcaldes capitalinos —con los instrumentos de planeación de sus respectivas demarcaciones— contarán con la ventaja de la afirmativa ficta, pues si en un plazo de seis meses no se discuten los documentos, estos se tendrán por aprobados.

Programa General de Ordenamiento Territorial. A través de él se regulará la ocupación y el uso del suelo de la ciudad. Contendrá las normas generales y los instrumentos del aprovechamiento del territorio. Establecerá los principios para el desarrollo sustentable en el suelo de conservación, así como el uso equitativo y eficiente del suelo urbano con una vigencia de 15 años.

¿Y habrá otros instrumentos de desarrollo?

Se suma a los nuevos instrumentos de planeación el Programa de Gobierno de la CDMX, que será elaborado cada seis años por quien ocupe la Jefatura de Gobierno. Deberá sujetarse al Plan General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial.

Definirá los objetivos del gobierno central, y podrá revisarse y modificarse de ser necesario cada tres años.

También está el Programa de Ordenamiento Territorial de cada alcaldía, que tendrá la definición de los usos de suelo para delinear qué y cuánto se puede construir en cada demarcación. Esto último pasará de tener que ser aprobado por el Congreso a estar bajo control de los alcaldes.

El resto de los instrumentos de planeación son:

  • Programas sectoriales, especiales e institucionales.
  • Programas de gobierno de las alcaldías.
  • Programas parciales de colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.

¿Y qué fechas importantes vienen?

Con la ley ya aprobada, ahora las fechas a las que hay que prestar atención son:

  • 1 de octubre de 2020: para ese día debe estar el Plan General de Desarrollo.
  • 1 de enero de 2021: para esa fecha deben estar el Programa de Gobierno central y los programas de Gobierno de las alcaldías.
  • 1 de octubre de 2021: para ese entonces deben estar el Programa General y los programas de Ordenamiento Territorial de las alcaldías.

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